Parece que en España siempre nos comparamos con otros paises para ver si hacemos las cosas bien o mal... y en nuestro sector, el inmobiliario no es para menos. Hoy nos toca compararnos con los Franceses y es que tras la lectura de normativa inmobiliaria francesa me he encontrado con esto: Los agentes inmobiliarios franceses están regulados por ley y deben estar profesionalmente calificados, tener una licencia y contar con seguro de responsabilidad civil. Para trabajar por su cuenta en Francia, un agente debe tener un "carte professionelle", que se les entrega solo a aquellos con ciertas calificaciones profesionales o con experiencia considerable. La carte debe ser renovada anualmente y su número y lugar de expedición debe estar presente en la hoja membretada de su carte professionelle
Los agentes inmobiliarios franceses también deben proporcionar una garantía financiera de mínimo €75,000; sin esto, no tienen derecho a manejar el dinero de sus clientes.La mayoría de los agentes franceses pertenecen a una organización profesional, las tres principales son Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM, http://www.fnaim.fr), la asociación líder de agentes inmobiliarios; el Syndicat National des Professionnels Immobiliers (SNPI, http:www.snpi.com) y la Union Nationale de la Propriété Immobilière (http://www.unpi.org).
Por desgracia. España es el ejemplo de "desastre" normativo a nivel de Regulación del ejercicio de la profesión basándose los políticos en la Ley Ómnibus... Ley Ómnibus es el nombre que recibe la ley española 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Entró en vigor el 27 de diciembre de 2009. Se trata de una ley promulgada para adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, más exactamente la Directiva 2006/123/CE, que persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios. Y me pregunto yo...en Francia...se han pasado la Directiva Europea por el "arco de triunfo" o simplemente han protegido a sus consumidores exigiendo garantías a los inmobiliarios a través de normativas con sentido común.